Cuidado con los neumáticos chinos! Esta es la advertencia que están lanzando fabricantes de ruedas de prestigio, como es el caso de Goodyear y Dunlop. Ambas firmas, que pertenecen al mismo grupo empresarial, han demostrado que los conductores que montan estas gomas tienen más riesgo de sufrir un accidente, que aquellos que calzan sus coches con marcas de primer nivel.
Para demostrar esta afirmación, los responsables de la firma norteamericana compararon un Volkswagen Golf equipado con unos neumáticos Goodyear EfficientGrip, con medidas 205/55-16, frente a otro coche -de la misma marca y motorización- que montaba unas ruedas chinas Wanli de idéntica medida.
Los neumáticos deberán llevar esta etiqueta en todos los vehículos en 2012.
Además, para un mayor rigor científico, ambos coches estaban gestionados por un ordenador, que era el que se encargaba de realizar la misma frenada de emergencia a una velocidad idéntica -85 kilómetros por hora- y con la misma intensidad. Además, por si fuera poco la prueba se repitió hasta en cinco ocasiones.
Pues bien, los resultados no pueden ser más estremecedores. A la mencionada velocidad, el turismo con los neumáticos Goodyear se detenía en 29,2 metros, mientras que el coche con las ruedas Wanli necesitaba 37,9 metros para pararse. Esto quiere decir que el coche con los neumáticos chinos, a la velocidad de 85 kilómetros por hora, necesitaba 8,7 metros más para detenerse en un pavimento mojado.
Estas diferencias además, según afirman los responsables de la marca, aumentan de forma proporcional a la velocidad del vehículo. De ahí que a 100 o 120 kilómetros por hora la diferencia de distancia de frenado entre el coche con ruedas chinas y otro con neumáticos de primeras marcas superaría con creces los 10 metros.
Además, esta merma de seguridad tampoco produce un gran ahorro. De hecho, los neumáticos chinos Wanli, con medidas 205/55-16 tienen un precio de 57,60 euros, según neumaticos-online.es.
En el otro lado, cuatro ruedas Goodyear EfficientGrip valen 75,70 euros. Hablamos, por tanto, de una diferencia de 72,40 euros al cambiar las cuatro ruedas, una cantidad que no es muy alta si tenemos en cuenta que, para detener el vehículo con las ruedas chinas en mojado y a 80 km/h habremos recorrido ocho metros más, una distancia similar a dos Volkswagen Golf juntos.
Esperando a la etiqueta
Precisamente para evitar que las tiendas de neumáticos puedan vender ruedas poco seguras, la Unión Europea obligará a todos los fabricantes de gomas -a partir del 1 de noviembre de 2012- a incluir una etiqueta -similar a la que tienen los electrodomésticos- que analice cómo es el neumático que el cliente está a punto de adquirir en la tienda.
Esta etiqueta medirá, en una escala de la A a la G -en la que la letra A es la más sobresaliente y la G es la menos indicada-, la eficiencia del neumático en términos de consumo de carburante y en relación a la adherencia de la rueda en una superficie mojada.
A ello se sumará además una tercera vara de medir que anuncie el ruido de rodadura del neumático en decibelios.
Así, con esta etiqueta todo aquel que acuda a comprar un neumático a partir de 2012 le será fácil conocer que ruedas son más seguras -A-A- y cuáles son las menos recomendables -G-G-.Asimismo, cuantos más decibelios marque la etiqueta, mayor ruido de rodadura tendrán los neumáticos.
Es por ello por lo que fabricantes como Goodyear, Dunlop, Michelin o Bridgestone esperan impacientes la llegada de esta normativa. Entre otras cosas porque muchas de las 100 firmas que se comercializan en la actualidad suspenderían en la prueba de agarre en mojado. En concreto se espera que sean las marcas chinas las que no logren superar este examen por la menor inversión que dedican a la investigación y el desarrollo.
Además, para 2016 se podría endurecer aún más esta normativa, con la desaparición de la categoría G, una situación que supondría la eliminación del 70% de las ruedas que se venden en la actualidad.
Los europeos no vigilan las ruedas
Pese a que son muchos los europeos que creen que los neumáticos son una parte importante en la seguridad vial, una gran mayoría suspende en asignaturas como el mantenimiento de las ruedas.
Esta es una de las conclusiones que se obtienen de una encuesta realizada por Goodyear Dunlop a 3.500 conductores de Alemania, Bélgica, España, Francia, Polonia y Reino Unido.
Y es que mientras que la mitad de los encuestados desconocía que hay que medir la presión de los neumáticos en frío, un tercio de los mismos reconoció haber conducido con las ruedas gastadas.
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Conviene, antes de nada, dejar claro que no existe en Top-Motor especial predilección por arremeter por costumbre contra organismos como la Dirección General de Tráfico; de hecho, en esta ocasión vamos a comentar la muy alta capacidad del legislador para hacer las cosas mal y, de paso, involucrar a instituciones como la DGT para que se vean “invitadas” a gestionar aún peor. ¿Adivinan el nombre del perjudicado? Sí, probablemente, el suyo propio. Ya solo queda, por tanto, aprender a cómo no hacer las cosas.
Resulta que a través de la Ley 18/2009 que modificaba, una vez más y por supuesto a favor de la Administración, el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial vigente, se creaba una forma más ágil (insisto, para la Administración) a la hora de gestionar todo el proceso sancionador mediante la Jefatura Virtual.
De forma básica y en cuatro palabras, lo que se intentaba poner en marcha con la mencionada Ley -entre otras cosas- es todo un sistema informático para el tratamiento del sistema sancionador de manera que se pudiese resolver cuanto antes la denuncia y, por tanto, el cobro de la correspondiente multa.La clave de ese procedimiento es el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), que serviría como sustituto de la hasta ahora notificación que se realizaba a través de los boletines oficiales, cuando la Administración había agotado la vía del correo postal o, desde la creación de la Jefatura Virtual, la vía de la Dirección Electrónica Vial (la que voluntariamente notifica cualquier conductor para relacionarse con la DGT). Sí, suena engorroso, pero merece la pena llegar hasta el final.
Para la activación del TESTRA, la DGT por lo visto desarrolló una plataforma informática… que no sirve para gestionar las sanciones de los ayuntamientos, que deben desarrollar su propia “conexión informática” con el sistema en cuestión. El problema llega cuando alguna ilustre mente se da cuenta de que las corporaciones locales no están para más gastos, por lo que la entrada en vigor de los artículos de la Ley 18/2009 que afectan al procedimiento de notificación (el pasado 17 de este mismo mes), dejaba sin base legal alguna cualquier denuncia que no fuese notificada a través del TESTRA, es decir, las de todos los ayuntamientos que se hubiesen “conectado” a dicho sistema.No dejaremos de reconocer que la alegría nos invadió al apreciar este maravilloso ejemplo de cómo el legislador a veces no sabe ni lo que hace: miles y miles y miles de sanciones se iban a quedar en agua de borrajas. Pero desgraciadamente la habitual parsimonia de los que se sientan en los escaños se convirtió -suponemos- en carreras por los pasillos del Congreso de los Diputados para, aunque sea “a capón”, inventarse algo con lo que no dejar a las administraciones locales sin una jugosa fuente de ingresos.
Y El Antirradar nos hizo ver la luz: a través de la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, se introducía una disposición adicional (la primera) por la que se ampliaba el plazo dado a los Ayuntamientos para sumarse el dicho TESTRA. Impresionante: se utiliza una ley que en absoluto tiene nada que ver con la seguridad vial, ni con el tráfico, ni con los vehículos… para enmendar una fallo garrafal.Pero aún hay más: según Pedro Javaloyes, de El Antirradar, la Dirección General de Tráfico debiera haber empezado a utilizar el mencionado TESTRA desde el pasado día 17, fecha de entrada en vigor de la Ley 18/2009; cosa que no ha hecho aún, al parecer, por lo que todas las notificaciones que la DGT haya realizado y realice a través del BOE no tienen fuerza legal. Así pues, amigo conductor denunciado y sancionado, previa consulta a un experto jurídico, recurra que parece tiene todas las de ganar.
Conviene, antes de nada, dejar claro que no existe en Top-Motor especial predilección por arremeter por costumbre contra organismos como la Dirección General de Tráfico; de hecho, en esta ocasión vamos a comentar la muy alta capacidad del legislador para hacer las cosas mal y, de paso, involucrar a instituciones como la DGT para que se vean “invitadas” a gestionar aún peor. ¿Adivinan el nombre del perjudicado? Sí, probablemente, el suyo propio. Ya solo queda, por tanto, aprender a cómo no hacer las cosas.
De forma básica y en cuatro palabras, lo que se intentaba poner en marcha con la mencionada Ley -entre otras cosas- es todo un sistema informático para el tratamiento del sistema sancionador de manera que se pudiese resolver cuanto antes la denuncia y, por tanto, el cobro de la correspondiente multa.
Para la activación del TESTRA, la DGT por lo visto desarrolló una plataforma informática… que no sirve para gestionar las sanciones de los ayuntamientos, que deben desarrollar su propia “conexión informática” con el sistema en cuestión. El problema llega cuando alguna ilustre mente se da cuenta de que las corporaciones locales no están para más gastos, por lo que la entrada en vigor de los artículos de la Ley 18/2009 que afectan al procedimiento de notificación (el pasado 17 de este mismo mes), dejaba sin base legal alguna cualquier denuncia que no fuese notificada a través del TESTRA, es decir, las de todos los ayuntamientos que se hubiesen “conectado” a dicho sistema.
Y El Antirradar nos hizo ver la luz: a través de la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, se introducía una disposición adicional (la primera) por la que se ampliaba el plazo dado a los Ayuntamientos para sumarse el dicho TESTRA. Impresionante: se utiliza una ley que en absoluto tiene nada que ver con la seguridad vial, ni con el tráfico, ni con los vehículos… para enmendar una fallo garrafal.
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